Presupuesto 2027: “Habrá personas con discapacidad de primera y de segunda”, advierten en el sector

La abogada especializada Marta Lastra analizó los alcances del proyecto de ley del Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo nacional y advirtió sobre el impacto profundamente perjudicial que la iniciativa oficialista tendrá sobre el sector de la discapacidad.

En Noticias Al Toque, la especialista sostuvo que la propuesta oficial mantiene una lógica de hostigamiento sistemático hacia el colectivo de personas con discapacidad, desatendiendo las obligaciones constitucionales y los convenios internacionales vigentes. Asimismo, alertó que el articulado presupuestario desfinancia las prestaciones básicas, vulnera conquistas históricas obtenidas mediante la ley de emergencia y traslada las reglas del mercado a un área esencial de la salud pública.

La eliminación de la universalidad y la fragmentación prestacional

Uno de los ejes más cuestionados del proyecto radica en la supresión del principio de universalidad en las prestaciones básicas. Según detalló la especialista, la normativa proyectada faculta a los organismos de financiamiento y control a fijar topes y montos discrecionales según la capacidad económica de cada beneficiario, pulverizando la cobertura uniforme garantizada por el Estado.

Sobre esta regresión normativa y el impacto que tendrá en el sistema sanitario, Marta Lastra profundizó en las consecuencias directas sobre los sectores vulnerables:

“Terminan con la universalidad de las prestaciones. Directamente lo dijo en el en uno de los artículos el proyecto de presupuesto. ¿Qué significa? Que vamos a tener personas con discapacidad de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría según su capacidad económica. Si tenés plata, te van a atender bien. Si no tenés plata, no te van a atender bien. ¿Por qué? Porque lo va a decidir los financiadores cuánto se va a pagar.”

Retroceso laboral y condena a la indigencia

En otro tramo de la entrevista, la abogada advirtió sobre la modificación en los criterios de compatibilidad entre el trabajo formal y la percepción de pensiones no contributivas. La redacción actual del presupuesto reinstala restricciones que desalientan la inserción laboral formal, exigiendo nuevamente condiciones que marginan a los titulares de beneficios sociales.

Respecto a este retroceso normativo y el peligro de exclusión sistémica para miles de ciudadanos, la entrevistada remarcó:

“Con esta regresión propuesta por el presidente Javier Milei en el presupuesto, en este proyecto, condena a un titular de pensión no contributiva a vivir en la indigencia y a ser excluido del sistema formal del trabajo. Entonces, hablamos de una regresión en derecho con todas las letras. Hay que ver, o sea, qué van a hacer los diputados y las diputadas de nuestro país, si van a permitir que eso se convierta en ley o no.”

Incumplimiento de normativas y el rol del Congreso

Finalmente, la especialista cuestionó la falta de transparencia en la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas al área y criticó la actuación de los legisladores oficialistas durante el debate en comisiones. En este sentido, destacó la labor institucional impulsada por la diputada cordobesa Natalia de la Sota en la presentación de proyectos orientados a prorrogar la emergencia en la materia, e instó a los cuerpos legislativos nacionales a rechazar un esquema que, a su juicio, vulnera los principios republicanos y los derechos humanos fundamentales consagrados en la República Argentina.