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Tras las denuncias de abuso contra sus asesores, renunció el legislador oficialista Ramón Flores

31 de agosto de 2026

Dimitió ayer domingo, mientras avanza la investigación judicial por grooming, abuso sexual y explotación infantil que involucran a miembros de su equipo de trabajo.

Ramón Flores, el legislador oficialista del departamento Río Seco, presentó su renuncia indeclinable a la banca en la Unicameral de Córdoba. La dimisión se concretó en medio de una profunda conmoción institucional desatada por una causa que investiga presuntos hechos de grooming, abuso sexual y explotación infantil, y que mantiene imputados a integrantes de su equipo de trabajo.

En la nota de dimisión dirigida a las autoridades del cuerpo legislativo, el dirigente argumentó que su salida responde a lo que calificó como una “campaña de difamación y descalificación personal” orquestada por sectores opuestos de la política local. A lo largo del documento presentado, Flores sostuvo que los ataques provienen de dirigentes que no lograron resolver disputas electorales mediante el voto popular y recurrieron a mecanismos de difamación en una comunidad donde todos se conocen. En esa línea, aseguró que no responderá a las agresiones con más agravios y exigió que quienes sostienen las acusaciones asuman la responsabilidad de demostrarlas con pruebas ante la Justicia.

Flores enfatizó en el escrito remitido a la Unicameral: “Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario: es una decisión personal adoptada con absoluta convicción y con la tranquilidad de quien sabe que ha actuado de acuerdo con sus principios y responsabilidades”.

¿Qué dijo Ramón Flores sobre su renuncia?

“Me voy con la conciencia absolutamente tranquila, con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí en el lugar que me tocó ocupar y con la profunda convicción de que, con el tiempo y por los canales correspondientes, la verdad terminará saliendo plenamente a la luz”, al tiempo que reafirmó que se retira “con la frente en alto, con la tranquilidad de mi conciencia y con la certeza de que la verdad no necesita campañas: necesita simplemente la oportunidad de ser conocida”, agregó.

La dimisión definitiva del parlamentario llegó tras intensas jornadas de debate en la provincia. Horas antes de la entrega del escrito, la Legislatura cordobesa había aprobado un pedido de licencia temporal solicitado por el propio oficialismo para apartarlo del recinto. Esta medida permitió la jura y asunción de su suplente, Estrella Benchetrit, en una sesión marcada por el duro cruce con la oposición (UCR y Frente Cívico), que rechazó la licencia y exigió su expulsión directa por “indignidad”.

En el plano judicial, la causa radicada en Villa de María de Río Seco a cargo de la fiscal Analía Cepede cuenta con 15 personas imputadas y 14 detenidas, entre las que figuran un exasesor del propio legislador y un efectivo policial en actividad. Ante la gravedad del caso y el impacto social, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso el descabezamiento completo de la cúpula policial de la Departamental Río Seco, removiendo al director, subdirector y jefes de zona, e inició investigaciones sobre un expediente de 2020 por abusos que no había sido tramitado en la comisaría local.

Rodrigo De Loredo se mete en la polémica y pide jury contra Prunotto

Por su parte, en medio del escándalo institucional, elreferente radical Rodrigo De Loredo endureció su postura y salió a pedir juicio político contra la presidenta de la Unicameral, la vicegobernadora Miryan Prunotto, y calificó como “descontrol” la coyuntura que atraviesa el parlamento provincial.
La iniciativa se basa en los cargos de mal desempeño e indignidad, según lo establece el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

“Desde que Prunotto es presidenta de la Legislatura el descontrol es total y las sospechas se multiplican”, afirmó De Loredo en un posteo en la red social X.

De Loredo también enumeró otras cuestiones que, según su visión, configuran el mal desempeño: “El caso de los empleados fantasma, la negativa a proporcionar información al periodismo, su autoexilio temporal a Estados Unidos para no dar explicaciones, o la designación de una custodia con antecedentes de maltrato, entre otras”.

Foto: Cadena 3


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