Al Toque Radio Transporte público: la brecha entre Buenos Aires y Córdoba vuelve a poner en discusión los subsidios
5 de noviembre de 2026
El precio del boleto de colectivo vuelve a exponer una de las principales desigualdades del sistema de transporte argentino. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasaje mínimo ronda los $956, en Córdoba capital alcanza los $2.150. La diferencia reabre el debate sobre la distribución de los subsidios nacionales y las consecuencias de la eliminación del Fondo Compensador para el interior del país.
La discusión por los subsidios al transporte volvió a instalarse en la agenda económica nacional. La decisión del Gobierno de incrementar los aportes estatales a las empresas de colectivos que operan bajo jurisdicción nacional, con el objetivo de evitar nuevos aumentos en noviembre, diciembre y enero, volvió a poner sobre la mesa una cuestión que atraviesa a las provincias: cuánto cuesta viajar según el lugar donde se vive.
Los números muestran una marcada diferencia. Desde noviembre, el boleto mínimo de las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA se ubica en torno a los $956,37. En Córdoba capital, en cambio, el pasaje cuesta $2.150. Esto significa que un usuario cordobés paga más del doble por un viaje urbano que uno que utiliza el transporte porteño.
La brecha no es nueva, pero vuelve a cobrar relevancia en un contexto en el que el transporte representa una parte cada vez más importante de los gastos cotidianos de los hogares.
El mapa de los subsidios y la diferencia entre jurisdicciones
Una de las claves para entender esta desigualdad está en el cambio de política que implementó el Gobierno nacional desde 2024, cuando eliminó el Fondo Compensador del Transporte Público del Interior.
Hasta ese momento, ese mecanismo permitía distribuir recursos nacionales para sostener los sistemas de transporte de distintas ciudades del país. Su eliminación trasladó una mayor responsabilidad financiera a provincias y municipios, que debieron afrontar los costos del servicio con recursos propios o trasladar parte de esos incrementos a las tarifas.
En Córdoba, la Municipalidad informó que, desde la eliminación del Fondo Compensador, destinó recursos propios para sostener el transporte urbano. Según datos oficiales difundidos en julio, el esfuerzo financiero superaba los $250.000 millones.
Mientras tanto, el esquema de asistencia nacional se reconfiguró. El Gobierno sostiene que busca reemplazar los subsidios generalizados a las empresas por un sistema de asistencia directa a los pasajeros, concentrado principalmente en quienes reúnen las condiciones para acceder a la Tarifa Social Federal.
Sin embargo, las diferencias entre los valores que pagan los usuarios del AMBA y los del interior continúan siendo uno de los principales puntos de discusión.
Más subsidios para evitar aumentos
En los últimos días, el Gobierno nacional resolvió incrementar los subsidios destinados a las empresas de colectivos de jurisdicción nacional para evitar nuevos aumentos tarifarios. Además, reconoció una deuda cercana a los $39.000 millones con las compañías, vinculada a diferencias entre la recaudación proyectada y la efectivamente registrada.
La decisión beneficia a las líneas nacionales que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y a determinados servicios urbanos interprovinciales, pero no implica una recomposición general del esquema de financiamiento para los sistemas municipales del interior.
Así, mientras el Estado nacional vuelve a incrementar los recursos para sostener determinados servicios, ciudades como Córdoba deben continuar afrontando buena parte de los costos del transporte con sus propios presupuestos.
Una discusión que va más allá del precio del boleto
El problema del transporte público no se reduce a comparar cuánto cuesta un viaje en Buenos Aires y cuánto en Córdoba. Detrás de esa diferencia aparece una discusión sobre el federalismo, la distribución de los recursos nacionales y las responsabilidades que asumen los distintos niveles del Estado.
Para los usuarios, la consecuencia es concreta: vivir en una ciudad del interior puede significar destinar una proporción mucho mayor de los ingresos al traslado cotidiano para trabajar, estudiar o realizar actividades básicas.
La pregunta que vuelve a instalarse es si el lugar de residencia debe determinar cuánto cuesta acceder al transporte público. Mientras no exista un esquema de financiamiento que contemple las distintas realidades territoriales, la brecha tarifaria seguirá siendo una expresión de las desigualdades entre el AMBA y el resto del país.
