La UNRC acordó garantizar aulas abiertas durante los paros no docentes: “Es excepcional y temporal”

La Universidad Nacional de Río Cuarto aprobó por unanimidad un proyecto que establece un mecanismo para garantizar la disponibilidad de algunas aulas durante las jornadas de paro del personal no docente. La iniciativa, que había generado cuestionamientos desde ATURC, finalmente obtuvo el acompañamiento del gremio luego de una serie de conversaciones con el Rectorado y modificaciones al planteo original.

En diálogo con Historias del Presente, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC), Rodrigo Tello, explicó que la postura inicial del sindicato había sido de rechazo absoluto, al considerar que la propuesta apuntaba a cuestionar y discriminar a un sector de los trabajadores universitarios por ejercer su derecho a huelga.

“Me parece que es cuestionar y discriminar solamente a un sector de los trabajadores universitarios, cuestionando la mayoría de fuerza”, expresó el dirigente.

Sin embargo, Tello señaló que, después de mantener reuniones con la comisión directiva, los trabajadores y las autoridades universitarias, se alcanzó un entendimiento que permitió avanzar con una propuesta consensuada.

El titular de ATURC remarcó que el gremio no pretende trasladar el conflicto hacia el interior de la comunidad universitaria ni enfrentar a trabajadores con estudiantes. En ese sentido, apuntó directamente contra la política del Gobierno nacional y sostuvo que es el Ejecutivo el responsable de la situación que atraviesan las universidades públicas.

“Hoy la discusión no es interna, no queremos entrar en un conflicto interno”, afirmó.

Un acuerdo con condiciones

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que no se garantizará la apertura de la totalidad de las aulas, sino que se dispondrá de algunos espacios de manera excepcional, de acuerdo con las necesidades de las actividades académicas.

Tello aclaró que el acuerdo no significa entregar las llaves de los edificios ni resignar el control del patrimonio universitario, cuestiones que el gremio considera parte de sus derechos y responsabilidades.

Además, fue enfático al señalar que la decisión tiene un límite temporal. “Esto es excepcional, es temporal, es por el 2026”, sostuvo.

Incluso advirtió que, si el año próximo continúa el mismo escenario de conflicto, ATURC no acompañará una medida similar. “Por más órdenes del Rectorado, por más que haya proyectos, por más que nos manden a la Policía Federal, les aseguré que no vamos a entregar ni una llave y no vamos a abrir ninguna aula”, manifestó.

Cómo funcionará el sistema de aulas abiertas

De acuerdo con lo informado por la Universidad, la implementación se realizará mediante un formulario digital coordinado por las áreas correspondientes. Los docentes podrán acceder a través de un enlace o código QR y deberán informar la cantidad de estudiantes, la capacidad del aula requerida y la franja horaria de la actividad.

Con esos datos se organizará la asignación de los espacios disponibles. Posteriormente, cada docente recibirá una confirmación por correo electrónico.

El mecanismo se aplicará de manera excepcional y transitoria cuando las situaciones de conflicto colectivo impidan la utilización habitual de las aulas.

Un conflicto que sigue abierto

Aunque la aprobación unánime del proyecto representa un acuerdo institucional, las diferencias de fondo entre los trabajadores universitarios y el Gobierno nacional continúan vigentes.

Tello dejó en claro que el acompañamiento de ATURC no supone un cambio en la posición gremial frente al ajuste sobre las universidades ni una renuncia al ejercicio del derecho a huelga. Por el contrario, el dirigente insistió en que la prioridad es evitar que el conflicto se traslade a los distintos claustros de la comunidad universitaria.

El acuerdo abre una alternativa para sostener algunas actividades académicas durante las jornadas de protesta, pero también deja expuesta una tensión: cómo garantizar el funcionamiento de la universidad pública en medio de un conflicto salarial y presupuestario que continúa sin resolverse.