Rovera abre las aulas, pero le pone límites a la protesta: las contradicciones de la rectora en plena lucha por el financiamiento universitario

Marisa Rovera en el cierre de la marcha federal universitaria el pasado 15 de octubre.

La presentación del proyecto denominado Aulas Abiertas por parte de la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Marisa Rovera, abrió una nueva discusión dentro de la comunidad universitaria. En medio de un conflicto que tiene como eje el desfinanciamiento de las universidades nacionales y el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la iniciativa introduce otro debate: cómo garantizar la continuidad de las actividades académicas sin debilitar las herramientas de protesta de docentes y trabajadores.

El proyecto propone establecer un mecanismo excepcional y transitorio para permitir la utilización de aulas cuando las medidas de fuerza impidan el funcionamiento habitual de la institución. La propuesta ingresó al Consejo Superior y fue girada a la Comisión de Interpretación y Reglamento para su tratamiento.

La discusión no es menor. Porque mientras la universidad reclama al Gobierno nacional recursos para sostener su funcionamiento, recomponer salarios y garantizar condiciones dignas para enseñar e investigar, la conducción institucional pone sobre la mesa una herramienta que podría modificar las consecuencias concretas de las medidas de fuerza.

El derecho a estudiar y el derecho a reclamar

Rovera defendió públicamente la iniciativa y aseguró que no está en contra de los paros. En declaraciones a Puntal, sostuvo que se trata de un paliativo para evitar que los estudiantes pierdan el año académico. También explicó que la apertura de los espacios quedaría bajo la responsabilidad de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios.

Sin embargo, la explicación deja algunos interrogantes. ¿Hasta qué punto se puede garantizar el derecho a estudiar si las condiciones laborales y presupuestarias que sostienen la actividad universitaria están deterioradas? ¿Es posible separar la continuidad de las clases de las causas que llevan a docentes y nodocentes a realizar medidas de fuerza?

La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto en el que aparece la propuesta. La comunidad universitaria viene sosteniendo un reclamo nacional por el financiamiento, los salarios y el funcionamiento de las instituciones. En ese escenario, avanzar con un mecanismo para mantener actividades durante los paros puede interpretarse como una respuesta a las consecuencias del conflicto, pero no a sus causas.

La respuesta gremial y el riesgo de una fractura interna

Desde la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC) también hubo una respuesta. El gremio no docente cuestionó la iniciativa y remarcó que los trabajadores no son responsables de la interrupción de las actividades, sino que el origen del problema está en la política del Gobierno nacional.

La postura sindical pone el foco en una cuestión central: el conflicto no surge por una decisión aislada de los trabajadores, sino por una situación de deterioro que afecta al conjunto del sistema universitario.

Por otro lado, el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, conducido por Franja Morada, manifestó su respaldo al proyecto. Su argumento es que defender la universidad pública también implica garantizar el derecho de los estudiantes a cursar, rendir y avanzar en sus carreras.

Es precisamente en este punto donde aparece una de las principales tensiones políticas de la discusión: el enfrentamiento entre derechos que, en realidad, deberían poder convivir. El derecho a estudiar no debería plantearse como una oposición al derecho de huelga, del mismo modo que el reclamo salarial y presupuestario no debería quedar reducido a un obstáculo para el calendario académico.

Una discusión que excede la apertura de las aulas

El proyecto Aulas Abiertas instala una discusión que excede ampliamente la disponibilidad de espacios físicos. Lo que está en juego es el posicionamiento de la conducción universitaria frente a un conflicto que necesita de la participación conjunta de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades.

La contradicción que merece ser discutida es que, mientras desde las universidades se reclama unidad para enfrentar el desfinanciamiento nacional, una iniciativa de estas características puede profundizar las diferencias entre los propios sectores que sostienen la institución.

La pregunta de fondo es si la prioridad institucional debe concentrarse en encontrar mecanismos para que las clases continúen a pesar de los paros o en construir una estrategia común que permita resolver las condiciones que hacen necesarias esas medidas de fuerza.

Porque mantener las aulas abiertas durante algunos días de conflicto puede ofrecer una salida transitoria a los estudiantes, pero no resuelve los problemas estructurales de la universidad pública. Sin salarios dignos, presupuesto suficiente y condiciones adecuadas de trabajo, la continuidad académica corre el riesgo de convertirse en una discusión sobre cómo administrar la crisis, en lugar de cómo superarla.

El Consejo Superior tendrá ahora la responsabilidad de analizar una propuesta que ya generó posiciones encontradas. El debate no debería limitarse a decidir si se abren o no las aulas: también debería poner sobre la mesa qué universidad se pretende defender y cuál es el lugar que ocupa la organización colectiva de sus trabajadores en esa defensa.