Al Toque Radio Procesan a un camarista federal por manipular un tribunal para una causa de Río Cuarto
25 de septiembre de 2026
Se trata del juez Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sospechan que hizo maniobras para alterar la integración de un tribunal. La causa en cuestión había sido tramitada en el Juzgado Federal de Río Cuarto contra la cerealera Bunge.
La Justicia federal dictó el procesamiento del magistrado Abel Sánchez Torres en el marco de una investigación que investiga presuntas irregularidades funcionales y hechos de violencia. La resolución fue adoptada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien dispuso además un embargo preventivo sobre los bienes del camarista y ordenó comunicar las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación para que evalúe los pasos institucionales correspondientes.
También le imputan haber cometido un delito dentro del marco de la violencia de género contra una funcionaria de la Justicia Federal de Córdoba.
Decisiones procesales y calificación legal
De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal, se resolvió ordenar el procesamiento del magistrado en orden a los delitos calificados como “Abuso de Autoridad” y “lesiones graves calificadas por mediar violencia de género” en calidad de autor, contemplados en el Código Penal Argentino. En la misma resolución, la magistratura dictó la falta de mérito respecto a otros tramos de la pesquisa y rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
Sobre las medidas patrimoniales y el alcance del temperamento adoptado en el expediente, el pronunciamiento judicial determinó:
“ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Abel Guillermo Sánchez Torres en orden a los hechos calificados como “Abuso de Autoridad” y “lesiones graves calificadas por mediar violencia de género” en calidad de autor -hechos nominados segundo (causa Humanes) y tercero, respectivamente-, en concurso real (cfme. arts. 248, 90 y 92 en función del art. 80 inc. 11; 45 y 55 del C.P.) y de conformidad a lo previsto por el art. 306 del CPPN.”
Trabas patrimoniales y rechazo de medidas cautelares
El temperamento adoptado por el magistrado instructor incluyó la traba de un millonario embargo sobre el patrimonio del camarista investigado, con el propósito de garantizar su sujeción al proceso judicial en curso. Asimismo, se desestimaron planteos vinculados con la obtención de historias clínicas y medidas restrictivas de la libertad personal solicitadas por los acusadores fiscales.
En relación con el resguardo económico y la notificación formal a los organismos de contralor institucional, la resolución judicial estableció:
“ITRABAR EMBARGO POR LA SUMA DE PESOS SETENTA MILLONES ($.70.000.000) sobre los bienes propios de Abel Guillermo Sánchez Torres, o en su defecto, inhibirlo de su libre disposición por igual monto (cfme. art. 518 del CPPN). VII.- Comunicar la presente decisión al Consejo de la Magistratura de la Nación para que adopte las medidas que estime pertinentes en el ámbito de su competencia.”
Antecedentes y repercusión institucional
El expediente tiene su génesis en investigaciones previas tramitadas en el sur provincial, vinculadas a expedientes por evasión fiscal que salpicaron a firmas del sector agroexportador como la cerealera Bunge. Las presuntas maniobras orientadas a modificar la conformación de los tribunales de alzada derivaron en un escándalo político y judicial que ahora recae de lleno sobre la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
