Fraude, sobrefacturación y recortes: advierten que el Gobierno empuja al PAMI a una crisis extrema

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), convocan a defender al PAMI frente a la crisis extrema al que el Gobierno nacional llevó a la obra social de los jubilados. Así lo indicó Rafaela Alcoba, secretaria general de la seccional Río Cuarto, en diálogo con Al Toque Radio.

La dirigente gremial denunció un sistemático vaciamiento operativo, irregularidades con casos de sobrefacturación y un deterioro profundo en la atención a los jubilados. Alcoba advirtió que el achicamiento de las prestaciones, sumado a las medidas de fuerza de profesionales y centros de salud por honorarios insuficientes, expone un escenario de extrema vulnerabilidad para la tercera edad.

Asimismo, cuestionó el impacto de los recortes de personal, la falta de actualización salarial y el desfinanciamiento de las estructuras públicas, señalando que la entidad estatal opera bajo un esquema hostil que prioriza intereses financieros por sobre el bienestar social.

Desde la organización sindical convocaron a los centros de jubilados y a la comunidad a mantenerse en estado de alerta, movilizarse y abrazar la defensa de los derechos previsionales frente a las políticas de ajuste implementadas por la gestión nacional en todo el país.

La crisis estructural que atraviesa el PAMI generó una profunda preocupación en las organizaciones sindicales y sanitarias, evidenciada en restricciones de cobertura, demoras administrativas y conflictos con los sectores prestadores. En el plano local, la seccional Río Cuarto de ATE advirtió que las irregularidades detectadas en la administración de los recursos configuran un panorama alarmante que afecta de manera directa a los afiliados y recarga las tareas cotidianas del personal de planta permanente.

Sobrefacturación y vaciamiento estructural

En relación con las problemáticas que golpean a la obra social de los jubilados y pensionados, Rafaela Alcoba remarcó que las situaciones de defraudación y sobrefacturación documentadas en Río Cuarto y replicadas en distintos puntos del país evidencian un vaciamiento deliberado de la estructura institucional encargada de garantizar la cobertura médica y social del sector pasivo:

“El primero es el tema del fraude, está claro, está visto, Río Cuarto fue si se quiere el puntapié donde empezaron a aparecer las situaciones de sobrefacturación que se dieron en el marco de este gobierno y que después empezaron a despuntar en otros lugares y que entendemos forma parte de lo que es el desbastamiento de la estructura de PAMI, una estructura que tiene que dar respuesta a los afiliados.”

Ajuste operativo y precarización laboral en las dependencias

El funcionamiento operativo de las oficinas locales arrastra las consecuencias de los recortes iniciales de la actual gestión, que incluyeron la baja de contratos, despidos y retiros voluntarios. Según los datos aportados por la entidad gremial, la merma de casi una veintena de agentes en el área de atención al público generó una sobreexigencia sobre los trabajadores que continúan en funciones, quienes deben lidiar con una sobredemanda constante sin contar con los recursos materiales ni humanos necesarios.

A este escenario de precarización se suma la falta de negociaciones paritarias sectoriales y la insuficiencia de los incrementos salariales percibidos durante el año anterior, lo que motivó el envío de una carta documento por parte del sindicato exigiendo la apertura inmediata de canales de diálogo paritario y la regularización de las condiciones laborales:

“Los trabajadores y las trabajadoras de PAMI están haciendo un esfuerzo descomunal para poder seguir dando las mismas tratar de dar las mismas respuestas con 20 personas menos trabajando. Hubo incorporaciones en PAMI, esto también hay que decirlo porque hubo incorporaciones en PAMI a través de cargos gerenciales, entonces, digo, acá y en todo el país.”

Convocatoria a la defensa de los derechos previsionales

Ante la profundización de los recortes presupuestarios, las dificultades en la entrega de medicamentos y la reticencia de los prestadores médicos a sostener cartillas con aranceles depreciados, desde la conducción de ATE Río Cuarto enfatizaron la necesidad de articular una respuesta colectiva. La organización sindical ratificó el estado de alerta y convocó tanto a los trabajadores como a los centros de jubilados a involucrarse activamente en la preservación de los recursos sanitarios frente a un modelo de gestión estatal calificado como hostil y perjudicial para las mayorías populares.