Desalojos exprés: “Ahora es igual el que usurpa, debe un mes o tiene hace años tierra rural sin título”

Maximiliano Vittar, referente de Inquilinos Córdoba, analizó las modificaciones que introduce la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado y advirtió que los desalojos exprés profundizan la crisis habitacional. Sostuvo que el proyecto equipara situaciones dispares, debilita el derecho de defensa y busca abrir la puerta a grandes jugadores inmobiliarios internacionales.

En diálogo con Al Toque Radio (101.9), Maximiliano Vittar se refirió a la media sanción obtenida en la Cámara Alta y marcó reparos sobre el alcance real de la iniciativa. Aunque reconoció que el oficialismo debió retirar el capítulo de tierras y modificar plazos procesales —llevando de tres a diez días la intimación inicial—, denunció que la norma vulnera garantías básicas de defensa.

“Equipara y amplía quiénes son sujetos pasibles de un juicio de desalojo exprés”, señaló Vittar en Noticias Al Toque. En ese sentido, cuestionó que la nueva legislación trate de igual manera a una persona que usurpa un inmueble, a un inquilino con pocos meses de atraso, a familias de pueblos originarios o a pequeños productores que trabajan desde hace años tierras rurales sin titularidad formal.

Asimismo, advirtió sobre la flexibilización de quiénes pueden iniciar la acción judicial al incluir el concepto de “interés legítimo”, lo que habilitaría a herederos sin sucesión declarada o desarrolladores inmobiliarios a desalojar con procesos abreviados y restricciones probatorias para las familias.

Escenario de baja la morosidad y alto interés por el negocio inmobiliario

Para el referente social, el argumento oficial de que la norma busca resolver un problema masivo de incumplimientos carece de respaldo estadístico. Citando informes del sector, recordó que los niveles de cumplimiento en el pago de alquileres se mantuvieron altos durante el último año, superando el 94%, incluso en un contexto de retracción de ingresos.

“Los inquilinos pagan el alquiler a costa de endeudarse con tarjetas de operar, suspender consumos básicos, recortar medicamentos o dejar de pagar servicios”, graficó, y enfatizó que el endeudamiento familiar responde a una macroeconomía recesiva y no a una conducta morosa deliberada.

Tras señalar que la desregulación previa no solucionó el acceso a la vivienda, Vittar vinculó el trasfondo del proyecto con la intención de facilitar inversiones extranjeras y concentrar el mercado en grandes empresas desarrolladoras. A su juicio, esto consolida un modelo similar al de capitales europeas donde la vivienda se mercantiliza a expensas de los sectores medios.

“La política habitacional no debería medirse por cuán rápido se logra sacar a una familia de una vivienda, sino por cuántas veces logra evitar que el propietario deje de cobrar”, concluyó Vittar, exigiendo mecanismos tempranos de mediación en lugar de acelerar desalojos que profundizan la emergencia social.