Mackentor: el libro que reconstruye el vínculo entre la dictadura, el poder económico y la impunidad judicial

La historia de Mackentor es también una historia sobre las relaciones entre el poder económico, la dictadura militar y la Justicia. A partir de una investigación que le demandó aproximadamente una década, el periodista Fabián García reconstruyó el entramado detrás de la ocupación militar de una de las grandes empresas constructoras de Córdoba y las consecuencias que dejó aquel episodio durante casi medio siglo.

El libro, que será presentado este viernes en Río Cuarto, aborda los hechos ocurridos el 25 de abril de 1977, cuando la dictadura intervino militarmente la compañía, en un proceso que, según explica García, derivó en el vaciamiento de la empresa, la persecución de sus integrantes y la desaparición de cuatro de sus abogados.

Durante una entrevista radial, el periodista sostuvo que el caso permite observar la relación entre el terrorismo de Estado y los intereses económicos que se beneficiaron de aquella intervención. La investigación pone el foco, además, en el prolongado recorrido judicial que atravesaron las víctimas y sus familiares para obtener un reconocimiento de lo sucedido.

Una empresa destruida y una obra pública en disputa

Mackentor nació en Córdoba a mediados de la década de 1950, a partir de los apellidos de sus fundadores: Macagno, Kechner y Kantor. Con el paso de los años, se convirtió en una constructora de alcance nacional, con obras en distintos puntos del país y una dimensión comparable con la de importantes compañías del sector.

Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por la intervención militar de 1977. De acuerdo con la reconstrucción de García, detrás de aquella ocupación hubo intereses vinculados a la obra pública y a la disputa por contratos estatales.

Uno de los puntos centrales del libro es la adjudicación del segundo acueducto Villa María-San Francisco. La obra, impulsada a través de Obras Sanitarias de la Nación, había sido licitada y adjudicada originalmente a Mackentor en 1972 por un monto que el periodista estima en el equivalente actual a siete millones de dólares.

Tras la intervención militar, el contrato fue quitado a la empresa y, casi un año después, la obra fue entregada directamente a Supercemento. Según los datos expuestos por García, cuando el proyecto fue concluido en 1988, su costo equivalía a unos 154 millones de dólares.

La diferencia entre el monto original y el costo final constituye uno de los ejes de la investigación. Para el periodista, el caso permite examinar cómo la violencia estatal pudo funcionar también como instrumento para modificar el reparto de negocios y favorecer determinados intereses privados.

La empresa Mackentor terminó quebrando y desapareció, mientras que sus propietarios y las víctimas directas del episodio fallecieron sin obtener una reparación definitiva.

Terrorismo de Estado y una Justicia que demoró décadas

La investigación no se limita a reconstruir la ocupación de la empresa. También examina la persecución judicial posterior y los obstáculos que, durante décadas, impidieron que el caso tuviera una resolución acorde con la gravedad de los hechos denunciados.

Según relató García, Natalio Kechner, uno de los fundadores de Mackentor, impulsó el primer juicio en 1984. El proceso judicial que se mantiene como referencia de la causa comenzó a tomar forma nuevamente hacia fines de la década de 1990, pero permaneció durante años sin una respuesta definitiva.

Un punto de inflexión llegó con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos vinculadas al caso. Esa intervención impulsó nuevas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Federal de Casación Penal.

El periodista destacó que una resolución judicial del año pasado reconoció que los hechos constituyeron delitos de lesa humanidad, en línea con lo establecido por la Comisión Interamericana. Hasta entonces, explicó, el alcance temporal de esos delitos había quedado restringido al período comprendido entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 1977.

El reconocimiento representa un avance jurídico e histórico, pero no implica que el caso esté cerrado. La causa se encuentra actualmente en una etapa vinculada con la reparación económica a los herederos de las víctimas, aunque todavía no cuenta con una resolución definitiva.

La demora tiene una dimensión irreparable: ninguna de las víctimas directas sobrevivió para conocer el desenlace. La empresa ya no existe y sus antiguos propietarios fallecieron, por lo que la restitución de los bienes y de la actividad económica resulta imposible.

En ese escenario, la reparación económica aparece como una de las vías pendientes para dar cumplimiento a lo establecido por los organismos internacionales de derechos humanos.

Diez años de investigación para reconstruir lo que faltaba

García comenzó a seguir el caso en 1999, cuando trabajaba en la cobertura de temas judiciales para el diario Clarín. A partir de ese primer acercamiento, desarrolló una investigación específica para el libro que se extendió durante aproximadamente diez años.

Uno de los principales desafíos fue encontrar documentación que permitiera reconstruir las decisiones administrativas y contractuales que rodearon la intervención de Mackentor. Parte de los documentos no estaba disponible en los expedientes judiciales ni en los archivos de Obras Sanitarias, por lo que debió recurrir a fuentes indirectas para completar la historia.

El periodista calculó que realizó alrededor de medio centenar de entrevistas. También señaló que algunos de los empresarios vinculados con la compañía que resultó beneficiada por la adjudicación de la obra no aceptaron conversar con él, por lo que debió reconstruir sus posiciones a través de expedientes y declaraciones previas.

El resultado es un trabajo que combina documentación, testimonios y reconstrucción histórica para indagar en un episodio en el que convergen la represión ilegal, los negocios estatales y las responsabilidades institucionales.

Una historia que todavía interpela al presente

La presentación de Mackentor en Río Cuarto abre la posibilidad de acercar al público una investigación que excede la historia de una empresa. El caso pone sobre la mesa preguntas acerca de la responsabilidad de los actores económicos durante la última dictadura, el papel de las instituciones judiciales y las dificultades que todavía existen para reparar las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad.

La memoria, el reconocimiento de los responsables y la reparación a las víctimas forman parte de una misma deuda. En el caso Mackentor, el reconocimiento judicial llegó después de décadas, pero la resolución definitiva continúa pendiente.

La presentación se realizará este viernes a las 18, en el auditorio 2 del ex Palacio de Justicia, en el marco de la Feria del Libro de Río Cuarto. Allí, García compartirá los principales hallazgos de una investigación que busca reconstruir no solamente qué ocurrió en 1977, sino también cómo aquella trama de poder, violencia e impunidad proyectó sus consecuencias hasta el presente.