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Hay alta adhesión al paro docente en la UNRC y aseguran que no se usó el protocolo de aulas abiertas

16 de noviembre de 2026

La primera jornada del paro de 48 horas docente y nodocente dejó a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) con aulas prácticamente vacías. La Asociación Gremial Docente (AGD) informó que el protocolo aprobado por el Consejo Superior para garantizar el dictado de clases durante medidas de fuerza tuvo una aplicación "escasa o nula".

La primera jornada del paro de 48 horas dispuesto por la docencia universitaria registró una elevada adhesión en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), con aulas prácticamente sin actividad académica en el cierre del cuatrimestre. En diálogo con Al Toque Radio, el secretario general de la Asociación Gremial Docente (AGD), Ernesto Cerdá, confirmó que el protocolo aprobado por el Consejo Superior para garantizar el dictado de clases durante medidas de fuerza tuvo una aplicación “escasa o nula”, al tiempo que anunció un pedido urgente de convocatoria a la paritaria docente local para objetar la medida.

El dirigente gremial señaló que el plan de lucha continuará y advirtió sobre un escenario de profunda conflictividad para el próximo ciclo lectivo debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Adhesión al paro y nulo impacto del protocolo del Consejo Superior

Tras realizar una recorrida por las distintas facultades del campus en la apertura de la medida de fuerza, desde la conducción sindical observaron una paralización casi total de las actividades áulicas, limitándose la presencia en el predio a movimientos aislados de estudiantes o reprogramaciones de instancias finales y recuperatorios propias del cierre de cuatrimestre.

Respecto a la vigencia de la normativa impulsada por el Rectorado y aprobada por el Consejo Superior para habilitar espacios áulicos durante los días de huelga, el secretario general de AGD, Ernesto Cerdá, precisó:

“Desde que entró en vigencia, es escaso o nulo. Está claro que para los trabajadores, ya sea no docentes o docentes, esto es un mecanismo ilegal que no resulta admisible. Nosotros lo estamos viendo como una reglamentación de hecho del derecho de huelga.”

El titular del gremio remarcó que el rechazo a la medida obedece tanto a la defensa de las herramientas constitucionales de protesta como a las dudas generadas entre los educadores sobre las condiciones edilicias en las que se desarrollan esas eventuales clases.

Pedido urgente de paritaria por seguridad e higiene y derecho de huelga

Desde la entidad sindical advirtieron que la apertura de aulas sin la intervención habitual del personal encargado del control profesional de las instalaciones compromete las normas de seguridad, higiene y medioambiente de trabajo. Ante la falta de definición sobre quién asume la responsabilidad institucional frente a posibles incidentes, la AGD formalizó la solicitud de una reunión paritaria.

Sobre la necesidad de abordar estas irregularidades en el ámbito de negociación colectiva y evitar que se naturalice el ajuste en la casa de estudios, el secretario general de AGD, Ernesto Cerdá, sostuvo:

“Al no contar con el control profesional de las instalaciones por parte de quienes tienen asignada esa responsabilidad, se compromete en principio la seguridad e higiene y el funcionamiento adecuado de esos espacios, y quién se hace responsable en esas situaciones hay que analizarlo más en detalle. Por eso hemos trasladado el pedido urgente de la paritaria para dejar claras estas circunstancias.”

Asimismo, el dirigente cuestionó las posturas de sectores de la dirigencia estudiantil que responsabilizan a los docentes por la pérdida de clases, recordando que son los trabajadores universitarios —con más del 70% de sus salarios por debajo de la línea de pobreza— quienes sostienen el funcionamiento del sistema.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario y el Presupuesto 2027

En el plano presupuestario, Cerdá recordó que el Ejecutivo nacional lleva más de un año incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, ratificada tras el veto y respaldada por fallos judiciales. En ese marco, precisó que el eje actual de las medidas de fuerza apunta a exigir que dicha norma sea incorporada en el Presupuesto 2027.

Según los datos detallados por el referente gremial, la inversión actual destinada al sistema universitario y científico apenas alcanza el 0,14% del PIB. Frente a los más de 11.000 millones de pesos solicitados por los rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento y la recomposición salarial, la propuesta oficial contemplada en el proyecto de presupuesto se limita a 7.000 millones, una diferencia superior a los 2.000 millones de pesos que pone en serio riesgo la continuidad operativa de las universidades públicas el próximo año.


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