Cariddi marcó los límites del modelo de asociación público-privada para la gestión del Gobierno

La concejal de La Fuerza del Imperio del Sur, Marisa Cariddi, expresó una marcada mirada crítica frente a las iniciativas municipales y nacionales que promueven esquemas de articulación público-privada para la ejecución de obras de infraestructura urbana. En diálogo con Al Toque Radio, la legisladora local advirtió que la concesión de exenciones impositivas y descuentos en contribuciones municipales a particulares a cambio de financiamiento de obras genera un deslindamiento de las responsabilidades esenciales del Estado, derivando en intervenciones fragmentadas que postergan a las zonas periféricas más necesitadas.

Según sostuvo la edila, estas propuestas adoptan un lenguaje de modernización o eficientización que, en la práctica, debilitan la función pública de recaudar y redistribuir los recursos de manera equitativa entre todos los sectores de la ciudad.

Crítica a los beneficios tributarios y la resolución individualista de obras

Durante el análisis de los proyectos impulsados a nivel local, la concejal señaló que otorgar beneficios en el impuesto inmobiliario u otras tasas municipales a privados que propongan obras comunitarias atenta contra la recaudación general del municipio. A su entender, la lógica de mercado fomenta respuestas individuales donde los frentistas o inversores eligen intervenir únicamente en los entornos que benefician de manera directa a sus propiedades o comercios.

Sobre la falta de equidad que genera este tipo de esquemas y el impacto directo sobre los fondos de la administración pública, la concejal Marisa Cariddi precisó:

“Estos proyectos terminan en cierta medida planteando una resolución individualista, porque el que lo propone, propone obras que lo beneficien personalmente, quizás un poco más abarcativa con respecto a algunos vecinos de la cuadra o la dimensión de la plata que pueden llegar a invertir. Es por un lado restar esta importancia que tiene el Estado como recaudador, pero al mismo tiempo de distribuidor equitativo de esos recursos en la obra pública.”

De igual modo, la edila remarcó que las intervenciones por tramos —como el asfaltado o cordón cuneta sin continuidad— dejan en último lugar de prioridades a los barrios periféricos que carecen de capacidad de inversión privada.

Ausencia de planificación integral y el rol del IMPUR en el contralor

En cuanto a la supervisión de estos proyectos, la edila se refirió a la incorporación del Instituto Municipal de Planificación Urbana (IMPUR) y la representación de los bloques del Concejo Deliberante en las comisiones de contralor para dictaminar sobre la viabilidad de las propuestas. Sin embargo, advirtió que el municipio encuentra límites para direccionar las inversiones privadas hacia las áreas con mayores urgencias sociales, dado que no se le puede exigir a un particular intervenir fuera de su zona de interés personal.

Sobre la necesidad de imponer una visión general del desarrollo urbano sobre los intereses particulares, la concejal Marisa Cariddi sostuvo:

“Hemos planteado desde el bloque esta cuestión de que debería haber una planificación general de la ciudad. La distribución equitativa de los recursos, la presencia del Estado como distribuidor de derechos, de equidad y en la resolución de los problemas empieza a desaparecer. Y es un problema porque lo único que puede regular eso en forma autónoma y objetiva es el Estado, no los privados que tienen intereses particulares.”

La defensa del Estado presente como regulador equitativo de los recursos

Para la concejal, el fortalecimiento de la gestión local no debe apoyarse en la transferencia de responsabilidades hacia el sector privado ni en discursos que oculten la falta de inversión estatal directa. Si bien coincidió en la necesidad de dotar de mayor eficiencia a las estructuras públicas, ratificó que el sostenimiento de los servicios, el desarrollo urbano coordinado y la equidad social dependen de un Estado municipal presente que maneje sus propios recursos y garantice derechos en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.