Aulas Abiertas en la UNRC: Rovera avanza sobre el derecho a huelga y convierte el conflicto docente en un problema que busca neutralizar

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) aprobó el proyecto Aulas Abiertas, una iniciativa presentada por la rectora Marisa Rovera que permitirá habilitar espacios para el dictado de clases, consultas, recuperatorios y exámenes durante las jornadas de paro.

La decisión fue unánime en el Consejo Superior. Sin embargo, detrás de ese consenso institucional aparece una discusión que merece ser analizada: el modo en que las autoridades universitarias están abordando la conflictividad laboral y el lugar que ocupan los trabajadores docentes y nodocentes en ese escenario.

El proyecto establece un mecanismo excepcional y transitorio para que los docentes que decidan desarrollar actividades académicas puedan solicitar aulas mediante un formulario digital. La Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios será la encargada de organizar la disponibilidad de los espacios y comunicar las asignaciones.

Desde el Rectorado se sostiene que la medida no obliga a trabajar a quienes adhieran al paro y que, por lo tanto, no afecta el derecho constitucional a huelga. Pero esa explicación deja afuera una cuestión central: una cosa es reconocer formalmente un derecho y otra muy distinta es garantizar las condiciones políticas, institucionales y colectivas para ejercerlo.

El derecho a huelga no es solamente una declaración

La iniciativa de Rovera parte de una premisa que parece razonable: evitar que los estudiantes pierdan clases y puedan completar sus trayectorias académicas. Nadie podría discutir la importancia de garantizar el acceso a la educación pública. Sin embargo, el problema aparece cuando la solución elegida pone el foco en cómo sostener la actividad durante los paros y no en cómo resolver las causas que llevan a los trabajadores a realizar esas medidas de fuerza.

El derecho a huelga no consiste solamente en permitir que un trabajador diga que adhiere a una medida. También implica reconocer la capacidad colectiva de los trabajadores para interrumpir una actividad como herramienta legítima de reclamo.

Cuando una institución diseña un mecanismo específico para mantener funcionando sus actividades durante un conflicto, aun sin obligar directamente a nadie a trabajar, introduce una nueva dimensión en la disputa. La huelga puede conservar su reconocimiento formal, pero pierde parte de su capacidad de interpelación si la estructura institucional se organiza para reducir sus efectos.

En ese sentido, Aulas Abiertas corre el riesgo de convertir una herramienta excepcional en una respuesta institucional a la protesta laboral. El mensaje que puede quedar instalado es que, frente a cada conflicto, la prioridad no será discutir las condiciones que lo originan, sino encontrar la manera de que sus consecuencias sean cada vez menos visibles.

La estrategia del Rectorado y el lugar de los gremios

Uno de los aspectos políticos más relevantes de esta discusión fue el acompañamiento que recibió el proyecto dentro del Consejo Superior, incluso de representantes de los sectores gremiales.

Los representantes docentes y nodocentes quedaron ante una situación compleja. Rechazar la iniciativa podía ser utilizado para ubicarlos públicamente en contra del dictado de clases o del derecho de los estudiantes a completar el año académico. Acompañarla, en cambio, permitía evitar esa caracterización, pero también implicaba respaldar una herramienta impulsada por el Rectorado que puede debilitar el impacto de futuras medidas de fuerza.

La unanimidad, por lo tanto, no debería interpretarse automáticamente como la desaparición de las diferencias ni como una resolución del conflicto laboral. También puede expresar las dificultades que enfrentan los representantes gremiales para sostener una posición crítica sin quedar expuestos a una disputa pública en la que el derecho a estudiar aparece enfrentado al derecho de los trabajadores.

La estrategia política del Rectorado merece una lectura crítica: al presentar la iniciativa bajo la consigna de garantizar las clases, colocó a los sectores gremiales ante una disyuntiva incómoda. El debate dejó de concentrarse exclusivamente en las responsabilidades institucionales y presupuestarias que explican la conflictividad y pasó a girar alrededor de quién está a favor o en contra de que haya clases.

En otras palabras, el proyecto consiguió correr el eje de la discusión. Y en ese movimiento, el riesgo era que los representantes de los trabajadores terminaran acompañando una propuesta que, aunque no los obliga a abandonar la huelga, puede afectar la herramienta colectiva con la que defienden sus derechos.

Rovera y una contradicción que queda expuesta

La decisión también deja al descubierto una contradicción política en el posicionamiento de la rectora Marisa Rovera frente al conflicto universitario. Durante los últimos años, Rovera tuvo una presencia pública en las movilizaciones y marchas en defensa de la educación pública, acompañando los reclamos por mayor presupuesto y denunciando el deterioro que atraviesa el sistema universitario.

Sin embargo, cuando el conflicto se expresa puertas adentro de la propia universidad y son los trabajadores docentes y nodocentes quienes recurren a la huelga como herramienta de protesta, la respuesta de su gestión toma otro rumbo: en lugar de colocar el eje en las condiciones que originan el reclamo, impulsa un mecanismo para garantizar que la actividad académica continúe durante las jornadas de paro.

La decisión desnuda una concepción del conflicto docente que merece ser discutida. Una cosa es marchar en defensa de la universidad pública frente al ajuste externo y otra es reconocer, en la práctica cotidiana de la institución, que quienes trabajan en ella también tienen derecho a reclamar y a utilizar las herramientas gremiales para defender sus condiciones laborales.

La contradicción es evidente: no alcanza con levantar las banderas de la educación pública en las calles si, al momento de enfrentar un conflicto laboral dentro de la universidad, la prioridad institucional pasa por reducir el impacto de la protesta.

La defensa de la universidad pública no puede ser selectiva. No se trata solamente de defender el presupuesto, las instituciones y el derecho de los estudiantes a cursar. También implica defender a sus trabajadores, sus salarios, sus condiciones laborales y, fundamentalmente, su derecho a huelga.

Los trabajadores no son responsables de la crisis universitaria

Hay una cuestión que no debería perderse de vista: los paros no aparecen espontáneamente ni son el origen de la crisis que atraviesan las universidades nacionales.

El reclamo por salarios, condiciones laborales y financiamiento tiene responsables políticos e institucionales. El desfinanciamiento del sistema universitario y la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores forman parte de un conflicto mucho más amplio que no puede resolverse habilitando aulas durante los días de protesta.

La propia propuesta reconoce la legitimidad de los reclamos por un financiamiento adecuado y una recomposición salarial. Sin embargo, mientras se reconoce ese diagnóstico, la respuesta concreta avanza sobre las consecuencias de las medidas de fuerza.

Es una contradicción que merece ser señalada: se reconoce que los trabajadores tienen motivos legítimos para reclamar, pero al mismo tiempo se construye una herramienta para que la actividad universitaria pueda continuar cuando esos trabajadores deciden ejercer su derecho a huelga.

La discusión no debería ser si los estudiantes tienen derecho a estudiar o si los trabajadores tienen derecho a parar. Ambos derechos deben ser garantizados. La pregunta que el Rectorado debería responder es por qué la energía institucional se concentra en organizar la continuidad de las clases durante los paros y no con la misma intensidad en construir respuestas que permitan superar las condiciones que los generan.

Una unanimidad que no resuelve el conflicto

La aprobación de Aulas Abiertas puede presentarse como un acuerdo institucional y una solución para el cierre del ciclo lectivo 2026. Pero una votación unánime no significa necesariamente que se haya alcanzado un consenso profundo sobre el modelo de universidad que se quiere construir.

La universidad pública no se defiende solamente manteniendo las aulas abiertas. También se defiende garantizando salarios dignos, condiciones laborales adecuadas, presupuesto suficiente y el ejercicio efectivo de los derechos de quienes la sostienen todos los días.

El proyecto de Rovera instala una lógica peligrosa si termina convirtiendo cada medida de fuerza en un problema operativo que debe ser neutralizado. Porque cuando el foco se desplaza de las causas del conflicto hacia la administración de sus consecuencias, los trabajadores quedan expuestos a una presión adicional: además de reclamar por sus derechos, deben evitar que sus medidas sean presentadas como responsables de perjudicar a los estudiantes.

Aulas Abiertas deja así una pregunta incómoda para la conducción universitaria: ¿se puede defender la educación pública en las calles y, al mismo tiempo, impulsar mecanismos que debiliten una de las principales herramientas de defensa de sus trabajadores?

Las aulas abiertas son importantes, pero también lo son los derechos de quienes las sostienen. Y esa defensa no puede depender de si el conflicto ocurre frente al Gobierno nacional o dentro de las propias paredes de la UNRC.