A un año del escándalo, las denunciantes de la estafa al Pami optan por el retiro en medio de fuertes presiones

A poco más de un año de que saliera a la luz que una empresa de salud estafó al Pami Río Cuarto en al menos 600 millones de pesos, dos de las trabajadoras denunciantes dejan el organismo en medio de fuertes presiones.

Son las agentes que llevaron a la Justicia Federal un caso de persecución, hostigamiento laboral y abuso, con ellas mismas como víctimas, que se transformó en una causa penal.

Se trata de la jefa del Sector Afiliaciones y la médica auditora de la UGL 36, mientras que la jefa de la Auditoría Prestacional se mantiene en el cargo.

Las damnificadas apuntaron contra el segundo en la línea de mando en la delegación local, el coordinador médico Víctor Genesio, un hombre de poder con buenos vínculos en Pami nivel central.

La sospecha era que quería sacarse de encima a las tres supervisoras para poder actuar sin interferencias pero, fundamentalmente sin controles.

El acoso laboral de origen y el trasfondo

Al tratarse de tres personas con cargos de supervisión y control de prestaciones y cápitas de la obra social, el fiscal federal Rodolfo Cabanillas no tardó en avanzar con una investigación sobre el trasfondo económico del hostigamiento.

Por eso abrió una segunda causa penal por defraudación contra el Estado nacional y asociación ilícita, donde imputó y luego logró procesar a los dos directivos de Ethical: los cordobeses Pablo Adzich y Gonzalo Lima, y al empleado Lucas Kurilkowich.

Genesio fue imputado en ambas causas, pero luego fue desvinculado de la investigación por defraudación y asociación ilícita.

A todo esto, en el marco de este expediente, una auditoría interna de la UGL 36 Río Cuarto del Pami constató una maniobra de sobrefacturación de 600 millones de pesos de parte de un único prestador, la firma Ethical Salud, en poco más de un año, desde mediados de 2024 a septiembre de 2025.

Proyecciones extraoficiales dan cuenta de que el perjuicio contra el Pami Río Cuarto podría alcanzar los 1.400 millones de pesos.

Ahora, un año después de que explotara el escándalo de la sobrefacturación, se conoció que dos de las tres agentes que motorizaron la denuncia del caso se van de la UGL 36 con retiros voluntarios.

Un año más de hostigamiento a las denunciantes

Esto, en medio de un contexto donde se profundizaron las presiones institucionales hacia las trabajadoras desde el momento en que el caso se instaló en la agenda pública de la ciudad.

Fuentes bien informadas del instituto indicaron que la dirección de la UGL 36 habría dado la orden de evitar cualquier tipo de contacto con cualquiera de las tres agentes, en el marco de una medida de fuerte aislamiento que se extendió por meses.

“Les prohibieron dirigirles la palabra”, indicó una fuente que conoce de cerca la situación y que aseguró que esa orden venía acompañada del riesgo de sanciones para quien no la cumpliera.

En paralelo, se conoció también que desde Pami nivel central iniciaron un juicio de desafuero contra el excoordinador médico Víctor Genesio, que actualmente es delegado del gremio Sutepa.

El desafuero es un requisito legal para cualquier iniciativa de despido, cuando el caso implique tutela sindical.