Nueva Ley de Discapacidad: prestadores advierten que no alcanza y denuncian recortes del 20% en tratamientos de APROSS
20 de noviembre de 2026
Tras la sanción de la nueva normativa en el Senado, desde la Fundación Desafío de Río Cuarto plantearon que la ley no responde a todas las demandas del sector. Verónica Abasolo advirtió que las instituciones siguen atravesando dificultades económicas y reveló que una nueva resolución de APROSS redujo un 20% las prestaciones de los pacientes que atienden. También reclamó garantizar la continuidad de los tratamientos y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

La aprobación de la nueva Ley de Discapacidad en el Senado abrió una nueva etapa para el sistema de prestaciones, pero las expectativas de quienes trabajan diariamente con personas con discapacidad todavía están lejos de cumplirse. Así lo expresó Verónica Abasolo, referente de la Fundación Desafío de Río Cuarto, durante un móvil de Leonardo Brocchero para el programa De Buena Mañana de Al Toque Radio.
Desde la institución, ubicada en calle Cabrera al 900, Abasolo consideró que la nueva legislación representa una herramienta necesaria frente al vacío legal que se había generado tras el vencimiento de la ley de emergencia. Sin embargo, advirtió que la normativa no contempla todas las demandas que venían planteando los prestadores, las cámaras y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
“Si bien no cubre las expectativas que habían solicitado los diferentes prestadores y las diferentes cámaras, como también las personas con discapacidad, hoy por hoy entraría en vigencia frente a un vacío legal”, explicó.
La referente señaló que todavía resta conocer la reglamentación y la letra chica de la normativa para determinar cómo se aplicarán concretamente sus disposiciones.
La preocupación por el financiamiento de las instituciones
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la situación económica de los prestadores. Si bien la nueva ley contempla actualizaciones de los aranceles de acuerdo con la inflación, Abasolo sostuvo que ese mecanismo no resuelve el atraso acumulado durante los últimos años.
“Los prestadores estamos muy por debajo de los precios que nos ayudan a sostener las instituciones”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que las dificultades no son nuevas y que el sector lleva años reclamando respuestas de los distintos gobiernos. Según explicó, la Provincia fue uno de los niveles del Estado que se acercó a trabajar con las instituciones, mientras que muchas de las respuestas conseguidas fueron producto de la organización y la lucha de los propios prestadores.
“Yo hace 20 años que estoy en una institución y ya llega un momento que te agota, porque tampoco funciona lo que estamos haciendo”, expresó.
APROSS redujo un 20% los tratamientos
Uno de los datos más preocupantes que dejó la entrevista tiene que ver con una nueva resolución de APROSS, implementada desde el 1 de noviembre.
Según explicó Abasolo, el organismo provincial incorporó un nuevo mecanismo de auditoría sobre los pedidos médicos para determinar la cantidad de tratamiento que recibirá cada paciente.
La medida tuvo un impacto directo en la Fundación Desafío: todos los pacientes de la institución registraron una reducción del 20% en sus tratamientos.
“En el caso de los pacientes que tenemos dentro de la institución, se vieron afectados todos con una baja de un 20% en el tratamiento”, detalló.
La referente consideró que la medida es especialmente delicada porque trabajan con personas con discapacidad severa, que necesitan acompañamiento y rehabilitación de manera permanente.
La continuidad de los tratamientos, una necesidad fundamental
Durante la entrevista también se puso el foco en el impacto que las decisiones administrativas y económicas tienen sobre la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.
Abasolo explicó que los tratamientos neurológicos y de neurorehabilitación requieren continuidad durante todo el año. No se trata solamente de asistir a una consulta, sino de sostener procesos que permiten mantener la calidad de vida, desarrollar nuevas movilidades y alcanzar mayores niveles de autonomía.
“Son pacientes que necesitan rehabilitación continua para poder mantener su calidad de vida, obtener nuevas movilidades y nuevas expectativas de vida”, señaló.
También mencionó situaciones que requieren controles permanentes, como las personas electrodependientes o aquellas que dependen de bombas de alimentación.
En ese contexto, cuestionó que las familias deban atravesar constantemente trámites administrativos, reunir documentación y buscar profesionales disponibles para garantizar prestaciones que no pueden interrumpirse sin consecuencias.
Otro de los interrogantes que planteó está relacionado con el nomenclador que unificaba las prestaciones y permitía acceder a distintos profesionales. Según indicó, todavía resta conocer cómo quedará ese sistema con la nueva normativa.
Profesionales que necesitan más de un trabajo para subsistir
La crisis del sistema también alcanza a quienes trabajan en las instituciones. Abasolo describió un escenario en el que profesionales con años de formación y especialización deben buscar otras actividades para complementar sus ingresos.
“Hay profesionales que han estudiado cinco años, después han hecho especialización y tienen que estar en una feria un domingo vendiendo algo para complementar un sueldo”, relató.
La situación también afecta a transportistas y trabajadores de distintas áreas vinculadas con la atención de personas con discapacidad.
La referente remarcó que la neurorehabilitación demanda un importante esfuerzo físico y profesional, por lo que las condiciones laborales y los ingresos deberían contemplar las características específicas de esa tarea.
Una campaña solidaria para una familia de Río Cuarto
Sobre el final del móvil, Abasolo también invitó a la comunidad a acompañar una campaña solidaria impulsada por la Fundación Desafío.
La iniciativa busca ayudar a una madre que tiene dos niños con discapacidad y actualmente vive en condiciones precarias. El objetivo es colaborar con la construcción de una vivienda que permita mejorar las condiciones de vida de la familia.
Desde la institución convocaron a seguir sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram, bajo el nombre Fundación Desafío, y colaborar con la campaña en la medida de las posibilidades de cada persona.
La entrevista dejó planteado un escenario que va más allá de la sanción de una ley: mientras se espera conocer cómo se implementará el nuevo régimen, las instituciones advierten que continúan enfrentando dificultades para sostener sus servicios, los profesionales reclaman condiciones laborales dignas y las familias necesitan certezas sobre la continuidad de los tratamientos.
La discusión sobre discapacidad, en definitiva, no termina con una votación en el Congreso. El desafío sigue siendo garantizar que los derechos reconocidos puedan cumplirse efectivamente en la vida cotidiana.