El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: habrá un régimen permanente de prestaciones y pensiones
20 de noviembre de 2026
Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que reemplaza el esquema de emergencia por un sistema permanente. La iniciativa mantiene las pensiones no contributivas, garantiza la continuidad de las prestaciones y establece nuevas condiciones para compatibilizar el beneficio con el trabajo registrado.

El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y dio un paso importante para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno negativo, con el acompañamiento de todos los bloques presentes.
La normativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema de emergencia que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 por un régimen permanente, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las personas beneficiarias, sus familias y los prestadores de servicios.
El proyecto ya había conseguido una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, donde recibió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Con la aprobación del Senado, quedó sancionado y ahora deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
Entre los principales puntos de la normativa se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que se mantendrán en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima. También continuará vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para acceder al beneficio.
Uno de los cambios relevantes es que la pensión podrá ser compatible con un empleo formal o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos individuales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La intención es evitar que las personas deban elegir entre conservar una prestación y acceder a una oportunidad laboral.
Además, la ley establece la actualización mensual de los valores de las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), buscando evitar que los aranceles queden desfasados frente al aumento del costo de vida.
Otro aspecto central es la regularización de las deudas que el Estado mantiene con los prestadores del sistema. El Gobierno tendrá un plazo de 90 días para avanzar con el pago de los compromisos pendientes.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva legislación también incorpora mecanismos de auditoría y control para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo controles periódicos y podrá realizar cruces de información con organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Sin embargo, el nuevo esquema contempla garantías para los beneficiarios: antes de una eventual suspensión de una pensión, deberá existir una instancia que permita a la persona presentar su documentación y explicar su situación.
Un cambio político después del conflicto por la emergencia
La aprobación representa también un giro en la posición del Gobierno nacional. Durante 2025, Javier Milei había vetado la ley de emergencia en discapacidad, una decisión que generó fuertes cuestionamientos de organizaciones, familiares, prestadores y distintos sectores políticos.
El reclamo continuó durante los últimos meses, en un escenario marcado por las dificultades económicas de las instituciones, los atrasos en los pagos y las denuncias por el deterioro de las prestaciones.
Finalmente, el oficialismo acompañó una iniciativa que recupera buena parte de los beneficios que había cuestionado anteriormente, aunque incorpora un esquema de controles y condiciones para el acceso a las pensiones.
La aprobación unánime en el Senado constituye un respaldo político amplio, pero también deja planteado el desafío central: que los derechos reconocidos en la legislación se traduzcan efectivamente en mejores condiciones de atención, cobertura y acompañamiento para las personas con discapacidad.
La sanción de la ley cierra una etapa de incertidumbre normativa, pero su impacto real dependerá de la implementación, el financiamiento y la capacidad del Estado para garantizar que las prestaciones lleguen en tiempo y forma.