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El Senado busca convertir en ley el proyecto de Discapacidad con respaldo de todo el arco político

17 de noviembre de 2026

La Cámara de Senadores debatirá este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y que consiguió un amplio respaldo político en las comisiones.

El objetivo es garantizar la continuidad de las principales prestaciones y beneficios del sistema de discapacidad, que actualmente están contemplados en una ley de emergencia cuyo vencimiento está previsto para diciembre.

La iniciativa logró el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas bancadas provinciales. La senadora Patricia Bullrich impulsa su tratamiento para conseguir la sanción definitiva.

Qué cambios propone la nueva ley

Uno de los puntos centrales es transformar en permanentes las disposiciones de la emergencia en discapacidad, para evitar que su continuidad dependa de renovaciones o decisiones políticas de cada gobierno.

Entre las principales medidas, el proyecto establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También mantiene las pensiones equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo y contempla la continuidad de la cobertura médica a través del programa federal Incluir Salud.

Otro aspecto importante es la actualización periódica de los aranceles que reciben los prestadores de servicios, vinculada al índice de movilidad jubilatoria y a la evolución de los precios.

Financiamiento y deudas con prestadores

El texto incorpora garantías presupuestarias para sostener las prestaciones. Establece que los recursos destinados al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

Además, contempla mecanismos de auditoría y controles para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a los beneficios, con garantías de debido proceso para las personas alcanzadas.

También incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema y fija un plazo de 30 días para reglamentar la norma una vez aprobada.

Un acuerdo político en medio de los reclamos

El amplio consenso alcanzado en el Senado representa un dato político significativo, especialmente después de los conflictos y reclamos que atravesó el sector de la discapacidad por el financiamiento, las prestaciones y la continuidad de los servicios.

Aunque hubo cuestionamientos sobre algunos aspectos del texto, la mayoría de los bloques acompañó el dictamen. La senadora cordobesa Alejandra Vigo planteó reparos por la falta de consulta a organismos y organizaciones vinculadas con la discapacidad.

La discusión llegará al recinto este jueves, donde el Senado buscará darle sanción definitiva a una norma que pretende establecer reglas permanentes para un sistema del que dependen miles de personas y familias en todo el país.

La expectativa está puesta en que el Congreso pueda dar una respuesta institucional a los reclamos del sector y garantizar previsibilidad en el acceso a derechos, prestaciones y servicios esenciales.


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