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Río Cuarto: denuncian un desvío de más de $7 millones en la Subsecretaría de Hábitat

26 de octubre de 2026

La Municipalidad presentó una denuncia penal contra una empleada contratada del área, a quien se acusa de retener cheques, endosarlos a su nombre y depositarlos en cuentas personales. Según una auditoría, las presuntas irregularidades se habrían producido entre julio y septiembre. La agente fue suspendida y se iniciaron actuaciones administrativas para resolver su continuidad en el municipio.

Cae la recaudación del municipio, llegan menos fondos de la Nación y  avanzaría en la colocación de deudas – Poster Central

La Municipalidad de Río Cuarto denunció un presunto desvío de fondos públicos por más de 7 millones de pesos en la Subsecretaría de Hábitat. Según informó el fiscal municipal, Ricardo Muñoz, la maniobra habría sido realizada por una empleada del área que, de acuerdo con la documentación reunida, habría retenido cheques, los habría endosado a su nombre y depositado en cuentas bancarias personales.

El caso fue detectado a partir de informes de las secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Economía e Innovación, junto con una auditoría contable que permitió determinar el presunto perjuicio económico para el Estado municipal.

En declaraciones a Al Toque Radio, Muñoz explicó que las irregularidades se detectaron durante los primeros días de octubre y que, a partir de ese momento, se realizaron distintas presentaciones judiciales para poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

Cómo se habría realizado la maniobra

De acuerdo con la explicación del fiscal municipal, la investigación administrativa permitió advertir que la empleada habría retenido valores y cheques vinculados con la actividad del área, los habría endosado a su favor y posteriormente depositado en cuentas bancarias personales.

“Se ha determinado una defraudación al Estado que supera los 7 millones de pesos”, señaló Muñoz al explicar los resultados de la auditoría realizada por la Secretaría de Economía.

El funcionario precisó que la primera denuncia penal fue presentada el viernes 9 de octubre por el subsecretario de Hábitat. Posteriormente, al identificarse nuevos depósitos de cheques, se realizaron ampliaciones de las presentaciones judiciales.

Según indicó, la documentación aportada incluye imágenes de los cheques, movimientos bancarios e información complementaria remitida por las áreas municipales y el Banco de Córdoba.

La auditoría determinó que los movimientos irregulares bajo análisis corresponderían, al menos, al período comprendido entre julio y septiembre de este año.

La Municipalidad se presentó como querellante

Frente al posible perjuicio sobre los recursos públicos, la Fiscalía Municipal amplió la denuncia penal y solicitó que el municipio sea constituido como querellante particular y actor civil en la causa.

La presentación busca que el Estado municipal pueda participar de la investigación, aportar medidas probatorias y reclamar la restitución de los fondos presuntamente desviados.

Muñoz explicó que la documentación ya fue puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Además, la Municipalidad solicitó medidas para resguardar la investigación y procurar la recuperación del dinero.

Quién es la empleada denunciada

Según precisó el fiscal municipal, se trata de una empleada contratada que ingresó a la Municipalidad de Río Cuarto en 2011 y que, desde 2013, se desempeñaba en el área vinculada con la política habitacional, primero en el Instituto Municipal de Vivienda y posteriormente en la Subsecretaría de Hábitat.

Muñoz sostuvo que la documentación presentada identifica cheques endosados a nombre de la agente y depósitos que, según la información bancaria incorporada, se habrían realizado en una cuenta personal.

A partir de estos elementos, la Municipalidad avanzó con la denuncia en su contra. No obstante, la investigación judicial deberá determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Fue suspendida y se inició un procedimiento administrativo

En paralelo con la causa penal, el municipio dispuso el apartamiento de la empleada de sus funciones y su suspensión, además de iniciar los procedimientos disciplinarios para resolver su continuidad laboral.

La decisión se adoptó a través de las áreas municipales correspondientes, en el marco de las actuaciones administrativas abiertas tras conocerse las presuntas irregularidades.

Consultado sobre la posibilidad de que hayan fallado controles internos, Muñoz afirmó que la maniobra pudo ser detectada a partir de los mecanismos de control y auditoría.

Según explicó, una vez advertida la situación, se realizaron las denuncias correspondientes y se amplió la presentación a medida que se incorporaron nuevos elementos.

Qué se sabe sobre el destino del dinero

Por el momento, la información presentada por el municipio indica que los fondos cuestionados habrían sido depositados en una cuenta bancaria personal. Sin embargo, no se informó que el dinero haya sido recuperado.

La Fiscalía Municipal busca que la investigación permita determinar el destino de los recursos y avanzar con las acciones necesarias para su eventual restitución al patrimonio público.

Muñoz señaló que la Municipalidad se encuentra a la espera de las medidas probatorias que disponga el Ministerio Público Fiscal y remarcó que la documentación bancaria y contable ya fue incorporada a las presentaciones.

El programa de Hábitat continuará funcionando

Desde el Gobierno municipal señalaron que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar que la investigación no afecte el funcionamiento habitual del programa ni a las personas beneficiarias.

De esta manera, mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas, el municipio busca preservar la continuidad de las prestaciones y determinar el alcance de las presuntas irregularidades.

La causa se encuentra en etapa de investigación. Será la Justicia la que deberá establecer si existieron delitos, precisar las responsabilidades individuales y determinar las medidas que correspondan para procurar la recuperación de los fondos públicos.


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