Causa Gutiérrez: para el fiscal Trotta, los universitarios fueron un objetivo clave del Terrorismo de Estado

A partir de este martes 20 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba dará comienzo al debate oral y público en el marco de la causa caratulada Disanto (originalmente conocida como causa Gutiérrez), en la que se juzgarán crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Río Cuarto y zonas aledañas entre 1975 y 1978. El proceso juzgará 63 hechos en perjuicio de 70 víctimas, constituyendo la primera vez que se ventila en un juicio de esta magnitud el accionar represivo desplegado en la delegación sur de la Policía de la Provincia de Córdoba y en la sede local de la Policía Federal Argentina.

Durante una entrevista brindada a Al Toque Radio, el fiscal federal Facundo Trotta precisó las características de las audiencias que se desarrollarán en el primer piso de la torre de Tribunales Federales de Córdoba —con transmisión en vivo vía YouTube— y abordó el avance de las acusaciones frente al inevitable deterioro temporal del cuerpo de imputados.

Detalles de las audiencias, imputados y el impacto de la impunidad biológica

El debate oral contará con audiencias fijadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si bien la causa contaba inicialmente con más de 50 investigados en sus etapas preliminares, finalmente llegan al banquillo de los acusados un total de 20 imputados. El fiscal explicó que la demora superior a cuatro décadas en llegar a esta instancia generó el fallecimiento de varios acusados clave antes de recibir condena, fenómeno que en la práctica judicial se encuadra como impunidad biológica.

Sobre el deceso de acusados con múltiples procesos anteriores y el impacto de la dilación temporal en el banquillo, el fiscal federal Facundo Trotta señaló:

“Al momento de llevar a cabo esa primera declaración de los acusados se pudieron identificar 37. Finalmente a juicio llegan 20, es más, en ese transcurso que se estaba resolviendo la elevación a juicio, falleció Gómez, el conocido como ‘Gato’ Gómez, que ya múltiples prisiones perpetuas había recibido esta persona que se desempeñaba justamente en la delegación de la policía de provincia en Río Cuarto. En definitiva, el transcurso del tiempo provoca lo que nosotros denominamos esta impunidad biológica y hace que muchos acusados finalmente no reciban la pena que les corresponde por los crímenes que cometieron.”

Pese a esta atenuación en la nómina de imputados, la fiscalía remarcó que las penas a dictar mantienen plena vigencia normativa, dado que al tratarse de ataques sistemáticos perpetrados desde el aparato del Estado, constituyen delitos imprescriptibles según los tratados internacionales.

Centro clandestino, sistematicidad de los secuestros y el rol de la UNRC

Los hechos bajo juzgamiento revelan un patrón metódico de persecución donde las víctimas, en su mayoría militantes políticos, gremiales y universitarios, eran privadas ilegítimamente de su libertad sin explicación formal, vendadas y trasladadas a las comisarías de la policía provincial y federal en Río Cuarto, como así también a la Unidad Penitenciaria N° 4 local y posteriormente a la Unidad Penitenciaria N° 1 de la capital provincial.

En ese esquema represivo, la instrucción fiscal detectó un accionar coordinado de los servicios de inteligencia enfocado en la comunidad académica riocuartense. Respecto a la violencia ejercida en el ámbito de la educación superior y el asesinato de un docente universitario, el fiscal federal Facundo Trotta sostuvo:

“Tenemos la particularidad que hay muchas víctimas justamente de personal docente, estudiantes y personal no docente que fue secuestrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto y advertimos del análisis de la prueba que había una tarea de los servicios de inteligencia muy focalizada en la institución. Tenemos incluso el caso de una víctima, el profesor Silver, que fue secuestrado cuando salía de la universidad y falleció como consecuencia de la tortura que sufrió, un caso que vamos a juzgar en este juicio.”

La imprescriptibilidad de las causas y la reconstrucción con prueba documental

Debido a que varias de las víctimas y testigos han fallecido con el transcurso de los años, el Ministerio Público Fiscal valdrá su acusación en los testimonios recabados durante las primeras etapas de instrucción, complementados con una sólida base de prueba documental que incluye legajos penitenciarios, actuaciones judiciales de la época y registros de la ley 20.840.

Asimismo, la investigación sacó a la luz la inacción de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación con asiento en Río Cuarto durante la época de los hechos, quienes omitieron investigar las denuncias por tormentos presentadas por los propios detenidos en las sedes tribunalicias. El proceso judicial buscará así dar respuesta a las familias que demandan justicia desde hace cinco décadas.