Aplicación del régimen penal juvenil: advierten que faltan recursos humanos y técnicos

José Varela Geuna, el exjuez en lo penal juvenil y violencia familiar, indicó que el problema en torno a la implementación de la baja de la punibilidad a los 14 años la edad es centralmente la falta de recursos. Lejos de centrar la discusión únicamente en el aspecto numérico, el especialista remarcó que el principal escollo radica en la ausencia de políticas públicas y presupuestarias adecuadas para abordar la complejidad de la infancia en situación de vulnerabilidad.

Entre la demagogia discursiva y el espíritu de la ley

Al cuestionar la manera en que los funcionarios del ámbito político presentan habitualmente esta clase de iniciativas, el exmagistrado señaló que se recurre a slogans simplistas para responder a la demanda social de seguridad. Sin embargo, aclaró que la legislación contiene aspectos técnicos necesarios frente al régimen obsoleto heredado de la época de la dictadura:

“Con tres o cuatro palabras de un ministro que dice, ‘El que las hace las paga’. Se lo hace de una forma tan demagógica de presentarlo ante la sociedad como, ‘bueno, ahora se solucionan todos los problemas porque van a estar todos presos.’ Y no es así. Con la nueva ley, la nueva ley lo lo único que cambia es que permite que sean sometidos a proceso penal menos a partir de los 14 años y no de los 16″, señaló Varela Geuna.

En la misma línea, José Varela Geuna indicó que el texto normativo incorpora pautas acordes a los tratados internacionales vigentes en la República Argentina, aunque insistió en que el problema central se evidencia al momento de ejecutar los procedimientos debido a la escasez de herramientas materiales.

La infraestructura provincial y el desarraigo regional

Consultado sobre las condiciones operativas en el distrito cordobés, el exjuez reconoció que la provincia cuenta con el Complejo Esperanza ubicado en la ciudad de Córdoba, un macro instituto destinado a la privación cautelar de la libertad para casos graves. No obstante, advirtió sobre las dificultades logísticas y humanas que esto genera para las localidades del interior:

“La posibilidad de tener en Río Cuarto una institución donde puedan contenerse, donde no se puedan fugar, donde puedan tener una asistencia permanente porque esto provoca el desarraigo de un chico que va a ir internado al Complejo Esperanza. ¿Cómo hacés para trabajar con la familia que está a 200 km y que no tiene los recursos por más que la que la provincia por ahí se los brinde?”

Asimismo, el entrevistado remarcó la precariedad laboral que afecta a los equipos técnicos, psiquiatras forenses y psicólogos en los tribunales, advirtiendo que la falta de estabilidad y cargos jerarquizados debilita seriamente el funcionamiento del sistema de protección integral.

Prevención, vulnerabilidad y el rol de las políticas públicas

Finalmente, el referente judicial subrayó que la respuesta punitiva llega de manera tardía, cuando el delito ya se ha consumado, por lo cual instó a priorizar la prevención mediante un trabajo articulado entre los organismos municipales y provinciales como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia:

“Pensemos un poco en las políticas públicas, en las en los abordajes necesarios para evitar que los hechos ocurran, por lo menos disminuir, obviamente en ningún lugar del mundo se logra evitar que ocurran totalmente bajar la delincuencia cero, pero bueno, empecemos a pensar y no a preocuparnos porque si no siempre vamos atrás de las de los hechos graves.”

De esta forma, concluyó que la solución definitiva a los niveles crecientes de conflictividad social y delincuencia juvenil requiere de una inversión sostenida en educación, salud y contención social, superando la confrontación partidaria en pos de una estrategia integral y federal.

Foto portada: Puntal.